Transparencia bajo la lupa: la negativa de Abelina López a ser auditada inquieta a Guerrero

En un contexto de creciente exigencia ciudadana por la rendición de cuentas, la negativa de la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, a entregar la documentación correspondiente al ejercicio de casi 900 millones de pesos del presupuesto federal 2023 ha generado una nueva controversia política en Guerrero.

Los recursos observados, provenientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (Faismun), del Fortamun y de los Ramos 33 y 38, están siendo objeto de una auditoría por parte de la Auditoría Superior del Estado (ASE), institución que actúa como órgano auxiliar del Congreso local. Sin embargo, la presidenta municipal ha rechazado la revisión argumentando que la ASE carece de competencia para fiscalizar dichos fondos, pese a la existencia de un convenio vigente con la Auditoría Superior de la Federación que valida la intervención de la autoridad estatal.

Esta posición ha sido calificada como preocupante por diversos sectores, ya que pone en entredicho el compromiso del gobierno municipal con la transparencia. La ASE ha respondido con una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado por presunto ejercicio ilícito del servicio público, acción que López Rodríguez calificó como una persecución política.

Para especialistas en administración pública, este caso revela una tensión de fondo: la resistencia de algunos funcionarios a someter su gestión al escrutinio institucional. En contraste, la presidenta Claudia Sheinbaum ha enfatizado en reiteradas ocasiones que la fiscalización de recursos públicos debe ser una práctica sistemática y obligatoria para todos los niveles de gobierno.

Más allá de los señalamientos personales, la discusión de fondo es el papel que deben asumir los servidores públicos ante el deber de rendir cuentas. La situación actual obliga a replantear si quienes ocupan cargos de elección popular están verdaderamente dispuestos a someterse al control que exige la ciudadanía en una democracia funcional.