El primer año de Brugada al frente del Gobierno capitalino y lo hace con alertas

La Mandataria local cumple su primer año al frente del Gobierno capitalino y lo hace con alertas en materia de prevención de riesgos y con un conjunto de proyectos que aún deberán materializarse.

El 7 de octubre de 2024, a dos días de haber rendido protesta como Jefa de Gobierno, la morenista Clara Brugada caminaba apoyada de un bastón, en medio de las afectaciones que habían dejado las lluvias torrenciales en el sur de la Capital.

La imagen era un preámbulo de lo que se avecinaba: un 2025 en el que los promedios históricos de precipitaciones han sido superados mes con mes y en el que habitantes de alcaldías como Gustavo A. Madero, Tlalpan e Iztapalapa -demarcación que Brugada gobernó- han vivido los estragos de las inundaciones.

La Mandataria local cumple hoy su primer año al frente del Gobierno capitalino y lo hace con alertas en materia de prevención de riesgos y con un conjunto de proyectos que aún deberán materializarse en lo que queda de su sexenio.

Por ahora, las precipitaciones récord han dejado afectaciones en más de 4 mil viviendas en lo que va del año.

La explosión por la volcadura de una pipa de gas registrada el 10 de septiembre enfrentó a la Administración capitalina a la mayor crisis de protección civil que ha debido encarar.

El siniestro ocurrió en plena hora pico, en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, a unos metros del Centro de Transferencia Modal Santa Martha.

En apenas 30 segundos, el gas liberado por la fractura en el tanque alcanzó un diámetro de 200 metros. Después, un chispazo provocó que pasajeros del transporte público, trabajadores de la zona y automovilistas fueran alcanzados por las llamas.

El hecho ha provocado la muerte de 31 personas, al tiempo que 53 resultaron lesionadas, de las cuales 12 permanecen aún hospitalizadas.

Aunque Brugada ha defendido la actuación de las autoridades para atender la tragedia, el descontrol por parte de la Secretaría de Salud (Sedesa) local quedó reflejado en el reporte de víctimas emitido la noche del 11 de septiembre, en el que se informaba el deceso de Alicia, una mujer de 60 años que logró salvar a su nieta, quien en ese momento seguía con vida.

Otros errores en estas listas eran discrepancias entre las edades de las víctimas y el total de personas que habían resultado afectadas.

En tanto, la misma Jefa de Gobierno debió posponer la creación de un Comité de Solidaridad que anunció el 18 de septiembre. El órgano sería el encargado de canalizar las donaciones que se recolectaran para las víctimas.

Sin embargo, la medida debió ser suspendida 5 días después, pues la Mandataria reconoció que debía darse prioridad a que la empresa Silza, operadora de la pipa, garantizara la reparación del daño a las víctimas.

En tanto, el 30 de agosto, el Gobierno capitalino presentó un protocolo para buscar mejorar la vigilancia sobre el traslado de materiales peligrosos. Entre las medidas, se pretende implementar un mayor control a las velocidades de los vehículos de carga de este tipo de materiales.

Sin embargo, la fecha para implementación de este plan no fue determinada.Pese a que originalmente se había negado que las inundaciones estuvieran asociadas a la falta de mantenimiento de la red de drenaje, la Administración local se vio forzada a anunciar este mes que se realizarán una serie de obras hidráulicas en el poniente de la Ciudad para mitigar el riesgo.

Los trabajos se sumarán a un ya muy amplio conjunto de proyectos que ha planteado la Jefa de Gobierno en este año, entre ellas los 100 centros Utopía previstos para este sexenio, que buscan convertirse en espacios deportivos, de salud y de recreación.

Aunque las primeras 16 sedes fueron anunciadas, en al menos tres alcaldías se registra resistencia a los proyectos, por lo que las obras presentan retrasos o, incluso, como en el caso del previsto para el Deportivo Xochimilco, debieron ser canceladas.

Christian Benítez, investigador de la Universidad La Salle, refirió que algunos de estos planes pueden resultar demasiado ambiciosos.

"Uno de los riesgos de la Administración es la brecha entre la ambición que tiene de enormes proyectos contra la verdadera capacidad de ejecutarlos, porque al no cumplir con los cronogramas, entonces, en realidad, lo que se va a generar es una frustración social, más allá de la pérdida, por ejemplo, de votos", explicó.

A las obras que proyecta Brugada, se suman también las que se rezagan desde administraciones anteriores, como es el caso de la extensión de la Línea 12 de Metro o la apertura completa de la Línea 1.

En marzo, el retraso en la apertura de cuatro estaciones de este último ramal obligó a Brugada a reconocer que comprometerse a fechas era un error.

"Lo importante, que aun cuando no es bueno decir fechas cuando no está totalmente confirmado", reconoció en aquel momento, "pero lo que sí puedo decirles es que, después de Tacubaya, nosotros esperamos que el siguiente mes (abril), a finales del siguiente mes, ya, el Gobierno federal pueda entregarnos el Metro Observatorio para que nosotros podamos terminar ya lo poco que falte".

Hasta ahora, el último tramo de la Línea 1, que va de Observatorio a Juanacatlán, no ha sido puesto en operación.

PLANES EN VILO
A lo largo de este año, la Administración local ha asegurado que trabajaría en planes para el ordenamiento del comercio informal en el Centro Histórico, protocolos para mejorar la seguridad del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y para resguardar los derechos humanos en situaciones de desalojo.

En total, Brugada ha anunciado al menos ocho protocolos durante su gestión.

Los planes se anunciaron tras hechos específicos, sin embargo, en el caso del ordenamiento del ambulantaje y del protocolo de desalojos no hay aún un documento que haya sido presentado.

Mientras que las medidas para el STC sólo se aplicaron en las semanas que siguieron al ataque que dejó tres lesionados en la estación Tacubaya de la Línea 7, en noviembre del año pasado.

Benítez señaló que este tipo de propuestas reflejan un enfoque reaccionario que se podría entender como parte de la curva de aprendizaje por parte del Gobierno.

"El primer año es estratégico, entonces, se esperaría que ya desde el segundo se puedan generar cambios; normalmente en la política hay una especie de triángulo, es decir, los primeros 3 años se llega a un punto máximo y después, por las campañas electorales intermedias y otros factores, se va cayendo", detalló.

Entre los planteamientos emergentes se encuentran las propuestas del Bando Uno, un conjunto de 14 acciones propuesto por la Administración local luego de que en julio emergieron las multitudinarias movilizaciones autodenominadas protestas antigentrificación.

Las medidas incluyen, por ejemplo, la creación de un índice de precios de alquiler razonable y de la Ley de Rentas Justas y Asequibles.

Además de que se organizaron una serie de foros vecinales por parte del Congreso y la CDMX cuyos resultados deberán ser analizados por la Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana.

La dependencia, constituida precisamente este sexenio, quedó acéfala hace unos días tras la salida de Alejandro Encinas, nombrado por la Presidenta Claudia Sheinbaum como embajador ante la Organización de los Estados Americanos.

Hasta el momento Brugada no ha definido a la nueva persona titular.CUIDADOS: EL PENDIENTE
La promulgación del Sistema de Cuidados, un rezago que arrastra la Capital desde la anterior Administración, fue anunciado por Brugada como una de sus prioridades.

Desde su toma de protesta, la Mandataria se comprometió a crear la estructura en esta materia más grande del País.

El Sistema tiene el objetivo de redistribuir las tareas de cuidado, que tradicionalmente han recaído en las mujeres y los hogares, para que sean una responsabilidad compartida entre el Estado, las familias y la comunidad.

Sin embargo, para su articulación es necesaria una ley secundaria que debió emitirse desde 2023.

Todavía el 29 de octubre de 2024, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo, la Jefa de Gobierno previó que se crearía el Sistema para garantizar derechos de personas cuidadoras y de quienes requieren cuidados y se le asignarían 10 mil millones de pesos anuales.

"Estamos trabajando en una propuesta legislativa que nos permita garantizar que este derecho, que tenemos en la Constitución, se traduzca en una propuesta para establecer qué atribuciones del Sistema Público de Cuidados le deberá tocar a la Ciudad y cuáles a las alcaldías", aseguró en aquel momento.

Sin embargo, la propuesta legislativa no ha sido entregada al Congreso capitalino.

En agosto, en cambio, la Jefatura de Gobierno turnó una iniciativa de reforma constitucional que propone únicamente ampliar las definiciones de Cuidados para homologarse con la más reciente resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El 29 de septiembre, el Gobierno capitalino afirmó que la ley secundaria se entregaría al Legislativo antes del 12 de octubre, cuando Brugada rinda su Primer Informe.

En contraste, la Jefa de Gobierno ha promovido una serie de apoyos económicos a los que considera parte del Sistema de Cuidados.

Es el caso del programa Desde la Cuna, que se entrega a padres durante los primeros 3 años de vida de un menor; este año se asignaron 512 millones de pesos al plan.

Aunque originalmente se había asegurado que dicho apoyo sería acompañado con seguimiento médico, clases para padres de familia y vinculación directa al Sistema de Cuidados, estas medidas siguen siendo un pendiente.

La Jefa de Gobierno ha encabezado en este año al menos 15 eventos masivos en el Zócalo para el reparto de apoyos para poblaciones, como hombres de 60 a 64 años, estudiantes universitarios y mujeres embarazadas.

"Otro punto importante es ese amplio andamiaje de las transferencias sociales, aunque parece en un primer momento positivo, debe vincularse con una productividad, con educación, con salud preventiva, para que realmente genere una movilidad social sostenida en el tiempo y que no sea nada solo una cuestión artificial a partir de programas sociales", refirió Benítez.

SACUDIDA POLÍTICA
La mañana del 20 de mayo, Ximena Guzmán y José Muñoz, secretaria particular y coordinador de asesores de Brugada, respectivamente, fueron asesinados en Calzada de Tlalpan en un ataque directo que, de acuerdo con lo revelado por las investigaciones, refleja un alto nivel de planeación.

Ambos funcionarios habían sido seguidos durante, al menos, 20 días antes de la agresión, además de que cinco vehículos fueron utilizados durante las tareas de vigilancia que realizó una célula conformada por seis personas.

Aunque el 20 de agosto, al cumplirse tres meses del homicidio, las autoridades dieron a conocer la detención de 13 personas, hasta el momento no se ha esclarecido de forma pública el móvil del ataque ni se ha identificado al grupo criminal que ordenó la agresión.

El sicario que actuó en el hecho tampoco ha sido detenido.

Cercanos a Brugada, ambos funcionarios eran considerados clave en el Gabinete capitalino.

"Como Jefa de Gobierno, me dirijo a las y los capitalinos, para garantizarles que este Gobierno continuará con su lucha implacable contra la inseguridad", apuntó la Mandataria en la conferencia a la que convocó un día después del hecho.

No es el único ataque político que se ha registrado durante la actual Administración.

El 17 de octubre, la entonces diputada local suplente Diana Sánchez Barrios resultó lesionada con arma de fuego en una agresión que ocurrida en pleno Centro Histórico.

Dos acompañantes de la también lideresa de comerciantes murieron a causa de las heridas que sufrieron a manos del sicario.

Tres personas fueron detenidas semanas más tarde.CIMBRA EXPLOSIÓN